En el Antiguo Régimen, la propiedad de la tierra estaba en su mayor parte amortizada; es decir, vinculada a instituciones como la nobleza (a través del mayorazgo), la Iglesia, los Ayuntamientos (bienes propios y bienes comunes) y el propio Estado. Al estar vinculadas, estas tierras no se podían vender, partir, etc., es decir, estaban fuera del mercado. Los ilustrados consideraron que esta forma de propiedad era poco racional e impedía una explotación, por ello denominaron a estos beneficiarios «manos muertas».
La desamortización supuso un cambio importante para solucionar un mal existente en España desde la Edad Media. Consiste en la incautación, por parte del Estado, de tierras amortizadas. Después, el Estado sacaría estos bienes a subasta pública. Los objetivos de cualquier desamortización son, básicamente, dos: ampliar la cantidad de tierra disponible en el mercado y mejorar la Hacienda pública a través del dinero recaudado.
